Pilar de Cecilia y Almudena Gómez, Think Tank Acción Liberal
Estamos ya en la etapa posterior a la fase de industrialización, en plena “Era de las nuevas tecnologías”, hacia un mundo en el que apunta ya la inteligencia artificial y los robots han dejado de ser ciencia ficción, al hacer sus primeras apariciones para facilitarnos la vida diaria.
El desarrollo tecnológico, al tiempo que amplía y expande las posibilidades del ser humano, levanta una mayor preocupación sobre el modo de explotar los recursos de que disponemos de una manera que sea sostenible en el tiempo pensando en las generaciones futuras, puesto que un Planeta esquilmado sería impracticable.
Esta responsabilidad presenta, en las actuales circunstancias, un alcance global y no limitado a una sola región de nuestro mundo. Debe existir, por tanto, un marco común, acordado por las autoridades de un número suficiente de países dispuestos a tomar las medidas adecuadas, incluso coercitivas, que demuestren su voluntad de cumplir los protocolos comunes en materias tales como la contaminación ambiental, el tratamiento de residuos y la aplicación de principios de economía circular, es decir de reducción del desperdicio de recursos y para su reutilización de forma óptima y rentable.
Acuerdos Internacionales
Con esta finalidad, se convocó, en el marco de Naciones Unidas la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y posteriormente, siguiendo esa misma senda, se acordó el Protocolo de Kyoto de 1997, ya con objetivos y compromisos más concretos, tales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La Unión Europea, ha ratificado ese protocolo y la Comisión de la UE ha emitido un paquete de Directivas, que son de obligado cumplimiento para los Estados Miembros y a las que responden en concreto las medidas relativas a las zonas de bajas emisiones en los núcleos urbanos más poblados.
Estas medidas, pese a que, en numerosos casos, han sido utilizadas como bandera ideológica, especialmente en el caso de ciertas formaciones políticas radicales, son, en realidad, una cuestión de puro sentido común para facilitar la convivencia, ya que, por poner un ejemplo, entre los gases más peligrosos para la salud, cuya emisión se pretende limitar, están el Metano y el Hexafloruro de Azufre. Cualquier persona con un mínimo de responsabilidad comprende que, lanzar toneladas de estos gases a la atmósfera no es una conducta razonable y que, en consecuencia, es necesario establecer medidas de control a los vertidos tanto en el aire como en los ríos, mares y océanos.
Desarrollo y medio ambiente
La principal dificultad se encuentra en hacer compatible el desarrollo tecnológico y económico con la protección del medio ambiente, lo que justificaría que, en materia de gases de efecto invernadero, se hayan adoptado, además de los mecanismos que tratan de incentivar el uso de energía limpia, la limitación de emisiones por parte de las grandes empresas, a través de los bonos de carbono.
Este sistema considera el derecho a emitir CO2 como un bien sujeto a precio, que se puede comprar y vender. beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que sobrepasan los márgenes permitidos.
Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a los países industrializados, incluidos en el protocolo de Kyoto.
El importe se dedicará a financiar proyectos de, por ejemplo, generación de energías renovables, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, planes de reforestación, limpieza de lagos y ríos, etc. Estas medidas todas ellas encaminadas a proteger la calidad del aire y la sostenibilidad económica, se deben aplicar de modo paulatino en cumplimiento de las Directivas europeas, mediante desarrollos legislativos en cada Estado miembro.
Hay más ámbitos en los que es necesario hacer compatible la explotación de recursos y la protección del medio ambiente como ocurre en el sector alimentario. Las explotaciones agrarias y ganaderas se ven afectadas por las crecientes exigencias medioambientales, generando grandes tensiones económicas y sociales. En general, se pude afirmar que no existe sobreexplotación ni graves efectos contaminantes en estas actividades por lo que, en concreto en España, lo más necesario es negociar adecuadamente nuestra participación en la política agraria común de la Unión Europea. Existen en esta materia muchos intereses dispares, que producen un enorme ruido mediático, pero no todos guardan verdadera relación con la protección del medio ambiente, en gran parte debido a la grave polarización que introducen las formaciones políticas extremas. Así, por ejemplo, no tiene sentido atacar las explotaciones intensivas de ganadería, al mismo tiempo que las dehesas de toro de lidia o los terrenos dedicados a la caza.
Lo que realmente necesitan los ciudadanos es que las actividades agrarias y ganaderas cumplan condiciones sanitarias adecuadas, tanto para el ser humano como para los animales. En cuanto a los problemas derivaos del aumento de costes que padecen en la actualidad, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, deben colaborar facilitando el acceso a nuevas tecnologías que permitan aumentar la eficiencia y acortar las cadenas de suministro de forma que existan negocios agropecuarios rentables, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
La necesidad de proteger los recursos naturales y la riqueza ecológica, es un objetivo común a toda la Humanidad, que nadie puede discutir razonablemente, pero en lo que se refiere al impacto real de estas medidas en la evolución del clima de la Tierra, es una cuestión muy controvertida y que debe remitirse al campo de la observación científica.
